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El incidente de nulidad de actuaciones (arts. 241 LOPJ y 228 LEC) tiene como finalidad corregir una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales un derecho fundamental de los referidos en el art\u00edculo 53.2 de la Constituci\u00f3n (derechos y libertades del art. 14 y secci\u00f3n primera, cap\u00edtulo segundo, t\u00edtulo primero \u2013 los derechos fundamentales y las libertades p\u00fablicas-), invalidando lo actuado y dejando sin efecto la sentencia en cuesti\u00f3n.<\/p>\n
Siendo conscientes en todo momento de los \u201criesgos\u201d que ello comporta, como es la poca esperanza que el Tribunal que ha dictado una sentencia vulnerando alg\u00fan derecho fundamental vaya a rectificar, no olvidemos que todos somos humanos y nos cuesta dar nuestro brazo a torcer, tambi\u00e9n hay que considerar la posibilidad de que en caso de no darnos la raz\u00f3n nos puedan condenar en costas y adem\u00e1s aunque ello parece m\u00e1s improbable a la sanci\u00f3n por temeridad.<\/p>\n
Todo ello, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resoluci\u00f3n que ponga fin al proceso y siempre que dicha resoluci\u00f3n no sea ya susceptible de recurso (ni apelaci\u00f3n ni casaci\u00f3n).<\/p>\n
Pero, hay que diferenciar y conocer \u00bfcu\u00e1ndo constituye el incidente de nulidad de actuaciones v\u00eda previa al recurso de amparo y cu\u00e1ndo no lo es?<\/p>\n
Esta duda se plantea porque, por un lado, el art\u00edculo 44.1 a) de la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional, exige para recurrir \u201cque se hayan agotado todos los medios de impugnaci\u00f3n previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la v\u00eda judicial\u201d; mientras que, por otra parte, el art\u00edculo 44.2 de la misma Ley org\u00e1nica establece que \u201cel plazo para interponer el recurso de amparo ser\u00e1 de 30 d\u00edas, a partir de la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n reca\u00edda en el proceso judicial\u201d<\/em>.<\/p>\n Por tanto podemos afirmar que si no se interpusiera previamente el incidente, excepcional, de nulidad de actuaciones, podr\u00eda inadmitirse el recurso de amparo por no haberse agotado toda la v\u00eda judicial previa como impone el mencionado art\u00edculo 44.1 a) de la LOTC; y, asimismo, si se interpusiera el incidente de nulidad de actuaciones y el mismo no resultaba necesario o procedente, el recurso de amparo ser\u00eda extempor\u00e1neo (al haber transcurrido el plazo de 30 d\u00edas previsto en el tambi\u00e9n citado art\u00edculo 44.2 de la LOTC) y, consiguientemente, ser\u00eda inadmitido.<\/p>\n Esta cuesti\u00f3n, sin embargo, ha sido resuelta por nuestro Tribunal Constitucional. As\u00ed, seg\u00fan su Sentencia n\u00ba 176\/2013, de 21 de octubre (citando la anterior STC 182\/2011, de 21 de noviembre), dispone el Tribunal Constitucional lo siguiente: \u201c\u2026 la exigencia de agotar la v\u00eda judicial antes de acudir en amparo ante este Tribunal no reviste car\u00e1cter formal, sino que sirve al fin de preservar la subsidiariedad del recurso de amparo, enfoque que necesariamente ti\u00f1e el enjuiciamiento de todo supuesto concreto. As\u00ed, el agotamiento de la v\u00eda judicial previa exige la utilizaci\u00f3n de todos los remedios procesales que re\u00fanan la condici\u00f3n de pertinentes a fin de obtener ante los \u00f3rganos judiciales la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales pretendidamente vulnerados<\/u>.<\/em><\/p>\n En conclusi\u00f3n, de dicha doctrina constitucional, se desprende que ser\u00e1 necesario plantear previamente el incidente de nulidad de actuaciones cuando los \u00f3rganos judiciales no hayan tenido oportunidad alguna previa de examinar la vulneraci\u00f3n que constituye el motivo de nulidad de actuaciones. En otro caso, habr\u00e1 de interponerse directamente recurso de amparo.<\/p>",
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